El Ministerio de Educación se percató del tema e inició una investigación cuyos resultados anunció el mismo presidente Juan Manuel Santos en un Acuerdo para la Prosperidad en Neiva el pasado 16 de julio.
La Opinión tuvo acceso a la auditoría que reveló cómo el Gobierno Nacional terminó desembolsando cerca de $1.700 millones por 1.830 estudiantes que en realidad nunca existieron.
Este informe revela además, las distintas modalidades que supuestamente utilizan los rectores de las instituciones educativas para reportar alumnos falsos, a cambio de subsidios que se malgastan o se pierden.
Cúcuta cuenta con una población real de 114.199 estudiantes matriculados (a 30 de junio de 2011) en el sector oficial, pero podría darse el lujo de atender unos 17.952 alumnos más en sus colegios públicos.
La Secretaría de Educación –en vez de utilizar esos cupos que aún le quedan–, insiste en acudir al sector privado para atender parte de esa demanda, generando gastos innecesarios que han dado lugar al controvertido proceso de contratación que despertó las sospechas del Ministerio de Educación (MEN) y que tienen en la mira a la capital de Norte de Santander.
Las sospechas del Gobierno fueron confirmadas cuando el presidente Juan Manuel Santos hizo una revelación que sorprendió a los asistentes: “Hemos descubierto un nuevo foco de corrupción, esta vez en la educación”.
Quizás la única que no se sorprendió en ese momento fue la ministra de Educación, María Fernanda Campo. Ella conocía los resultados de la auditoría llevada a cabo por el Consorcio Auditoría Cpcol y la empresa Mediwin Educación UT como firma interventora.
De acuerdo con la denuncia hecha por Santos, miles de millones de pesos –entregados por el Gobierno Nacional anualmente a las secretarías de Educación para asumir los costos de la población escolar que no absorbe el sector público– se esfumaron por cuenta de algunas secretarias, que inflaron el número de los estudiantes que debe reportar al Sistema de Información de Matrículas (Simat), la base de datos sobre la cual el MEN fija los montos que debe girarles a municipios y departamentos.
Los resultados de esa auditoría incluyen a Cúcuta como una de las ciudades que apeló a este truco como medio para hacerse ilícitamente a más recursos, tanto si iban a gastos de funcionamiento o a la contratación de servicios educativos con instituciones privadas.
LO ARROJADO POR LA AUDITORÍA
Según los documentos a los que tuvo acceso La Opinión, la auditoría revela que sobre un censo total de matrículas de 128.908 alumnos (con corte a 30 de marzo de 2010) se encontró que 14.836 estudiantes no aparecían reportados por la Secretaría de Educación en el Simat.
Con la base de la matrícula final recolectada de la vigencia 2010, el MEN procedió a validar el primer hallazgo, dando como resultado final que 11.374 alumnos no aparecían.
La firma auditora encontró que de estos 11.374 estudiantes, 9.544 correspondían realmente a alumnos nuevos, es decir, que se encontraron en las aulas de los colegios auditados, pero que no habían sido reportados en el Simat.
La depuración de las cifras, que consistió en restar al segundo hallazgo (11.374) el número de alumnos encontrados en el sistema escolar (9.544), deduce que, definitivamente, 1.830 niños nunca existieron, es decir que son “fantasmas” con los que se configuró el escándalo de corrupción del que habló el presidente Santos.
Por culpa de estos niños colados en el Simat, el MEN, en comunicación enviada el pasado 11 de abril al entonces secretario de Educación de Cúcuta, Serafín Bautista, le hizo saber a la administración local que para reponer los recursos obtenidos de manera ilícita en la vigencia anterior el Gobierno descontaría casi $1.700 millones, correspondientes al costo que demandó la “educación” de estos 1.830 alumnos.
¿Cómo se reporta un niño en el Simat?
El Sistema de Información de Matrículas está a cargo de las secretarías de educación, aunque cada rector maneja una clave con la que accede a este sistema para reportar los estudiantes que tiene en su colegio.
Los datos que se suben al Simat son los suministrados por los profesores titulares de cada salón a las secretarías académicas de los colegios. Cuando cada rector ha reportado sus alumnos al Simat, es responsabilidad de la secretaría de Educación validar la información suministrada por cada institución educativa que tiene a su cargo.
Finalmente, el MEN recibe la información que cada ente territorial le envía y conforme a esa información prepara los presupuestos de cada año.
¿Dónde se pierden los niños?
Son varias las formas en las que los rectores, secretarios de educación o personal administrativo pueden colar un niño fantasma en el Simat.
La primera es cuando no se descargan del Simat los estudiantes que han sido prematriculados en cada una de las instituciones pero que finalmente no llegan cuando empieza el año escolar.
La segunda, cuando el estudiante abandona sus estudios por diversos motivos, pero el rector nunca lo da de baja en el sistema.
Algunos docentes manifestaron que han sido testigos de otra práctica que consiste en registrar a niños que viven en los alrededores de las instituciones educativas pero que no asisten a clase por estar en condición de desplazamiento o ser población flotante.
Otros sostuvieron que incluso, algunos rectores consiguen censos de población desplazada e incorporan los datos de los menores para hacerlos aparecer como estudiantes de sus instituciones educativas.
Dos rectores coincidieron en afirmar que, como antes el MEN no hacía auditorías, un rector se podía sentar frente a su computador e ‘inflar’ los registros de sus estudiantes en el Simat a su antojo por dos razones fundamentales: aumentar la capacidad docente de su institución, y conseguir que los recursos girados por el gobierno para su colegio, por concepto de la prestación de servicios a estudiantes cuya matrícula es contratada, aumente considerablemente.
Y es que el negocio no es para nada despreciable, si se tiene en cuenta que por cada alumno cuyo servicio es contratado se pagan más de un millón de pesos, de los cuales, cerca de $33.000 son girados a las instituciones educativas donde adelantaron sus estudios ese año.
A esta irregularidad se suma el hecho de que el municipio no debería contratar servicios con ningún colegio pues está en capacidad de asumir aún a más de 17 mil estudiantes para que su capacidad esté al tope dentro de lo que su infraestructura, personal docente y administrativo le permiten.
¿Desorden administrativo?
Datos aproximados dan fe de que en Cúcuta la Secretaría de Educación cuenta con unos 360 centros administrativos en los que caben porteros, celadores, aseadoras, técnicos de los talleres y administradores.
Así las cosas, es posible, según manifestaron algunos docentes, que los 1.830 niños fantasmas que el MEN descubrió el año pasado en Cúcuta se hayan dado por la imposibilidad de algunas instituciones educativas de contar con personal administrativo suficiente que pueda realizar las tareas de registro de los estudiantes en el Simat.
“Además, hay algunos colegios que ni siquiera cuentan con acceso a internet, lo que hace aún más posible que algunos datos se ingresen de manera errada en el Simat y, cuando son realizadas las auditorías, se descubran inconsistencias que, más que un acto de mala fe, obedecen a un desorden administrativo que impera en algunas instituciones educativas”, señaló un rector consultado.
¿Dónde está el dinero?
¿En dónde terminaron las partidas obtenidas irregularmente? La hipótesis que más pesa entre algunos rectores de colegios públicos que pidieron la reserva de sus nombres es que los dineros girados por el Gobierno se usaron en una contratación innecesaria de servicios educativos con instituciones privadas y ONG, habida cuenta de que el municipio dispone en sus colegios oficiales de profesores y de infraestructura para asumirlos.
No obstante, según declaraciones entregadas por la secretaria de Educación del municipio, Gladys Elvira Ortega, el Ministerio de Educación Nacional ya descontó los casi $1.700 millones que demandaba la atención de los 1.830 estudiantes que no se encontraron en las aulas, “lo cual quiere decir que la plata nunca llegó a Cúcuta”.
Sin embargo, el Gobierno insiste, por las afirmaciones hechas por el presidente Juan Manuel Santos, que el desfalco a la educación estuvo por el orden de los $36.000 millones.
Así las cosas, otras hipótesis señalan que el dinero pudo haberse desviado para incrementar los fondos de la Secretaría de Educación para el pago de la nómina docente de la ciudad, que mensualmente oscila entre 9 mil y 9 mil 500 millones de pesos.
Finalmente, algunos profesores criticaron la excesiva contratación de profesionales no docentes en la propia secretaría de Educación municipal, situación que la Contraloría ya está investigando.
Denuncias de este tipo involucran por lo pronto un contrato por $1.200 millones con la Fundación Santos Apóstoles (Fusap) para brindar servicios profesionales en los distintos centros de educación oficial que funcionan en el municipio.
Recomendaciones de la Auditoría
Según el informe entregado por los auditores es claro que vigencia a vigencia se debe mejorar en la calidad de la información reportada, pues además de los alumnos inexistentes que se encontraron, también se halló duplicidad de estudiantes, lo que significa que no se están realizando los filtros previos ni se está contrastando la información suministrada en el Simat con la realidad de los colegios.
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